Estados Unidos ha intensificado su campaña contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones a dos de sus altos mandos y a dos empresas vinculadas, en un esfuerzo por combatir el tráfico de fentanilo hacia su territorio. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció recientemente estas medidas como parte de su estrategia para enfrentar una de las mayores amenazas del narcotráfico internacional.
El CJNG, según el comunicado oficial, es identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, una sustancia responsable de una significativa parte de las más de 100,000 muertes anuales por sobredosis en el país. En respuesta a esta crisis de salud pública, el gobierno de Joe Biden ha puesto en marcha acciones decisivas para contener el flujo de drogas peligrosas y reducir el impacto devastador en las comunidades estadounidenses.
Entre los individuos sancionados se encuentran Juan Carlos Bañuelos Ramírez y Gerardo Rivera Ibarra, identificados como líderes clave dentro de la estructura del CJNG. Juan Carlos Bañuelos Ramírez ha sido señalado como responsable de dirigir una célula del cartel involucrada en la importación de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo en México, así como en el tráfico de metanfetamina hacia Estados Unidos. Además, se le acusa de adquirir armas automáticas y drones para fortalecer las capacidades operativas del cartel.
Por su parte, Gerardo Rivera Ibarra es descrito como el líder de otra célula del CJNG con capacidad para suministrar fentanilo, metanfetamina y cocaína, manteniendo estrecho contacto con otros miembros de alto rango dentro de la organización criminal. Las sanciones impuestas también alcanzan a empresas mexicanas como Fornely Lab, dedicada al comercio mayorista y vinculada a Rivera Ibarra, así como Inmobiliaria Universal Deja Vu, asociada a actividades financieras de Bañuelos Ramírez.
Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó que estas medidas son parte de un esfuerzo continuo por parte de Estados Unidos para desarticular las operaciones financieras y logísticas de los carteles mexicanos, incluido el CJNG. Desde el inicio de la administración Biden, se han intensificado las acciones contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales, con múltiples rondas de sanciones dirigidas a debilitar sus capacidades operativas y financieras.
En conclusión, las sanciones recientes representan un paso significativo en la política antidrogas de Estados Unidos, reflejando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Estas acciones buscan no solo reducir el suministro de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, sino también desmantelar las redes criminales que amenazan la seguridad y el bienestar de ambos países.
